En estos tiempos de incertidumbre política, con una legislatura fallida y otra a punto de naufragar, se vuelve a hablar con insistencia de la necesidad de un gran pacto nacional sobre la educación que dé estabilidad, que no inmovilidad, al sistema educativo. Y algunos grupos parecen estar redoblando sus esfuerzos por hacer pasar ante la ciudadanía sus propuestas dictatoriales como las más acordes con unos planteamientos democráticos. Quizá lo hacen para poder sentarse a la mesa de negociación de los pactos con una posición de fuerza que les niegan los previos acuerdos constitucionales y los principios más elementales de la democracia.
Me estoy refiriendo, naturalmente, a los autoproclamados “defensores de la escuela pública”. No nos engañemos: estos grupos no son defensores de la escuela pública, sino de la escuela única. A la escuela pública la queremos defender todos: nuestro país, como cualquier otro civilizado, necesita una buena escuela pública. Nadie discute que el Estado deba garantizar una educación de calidad para todos. Pero algunos quieren que, además de garantizarla, la monopolice, que el Estado se erija en el primer y único agente educativo de niños y jóvenes, olvidando que esa primera responsabilidad les corresponde a los padres y que los distintos colectivos sociales tienen algo que decir y aportar a la misma.
Y para promover esa escuela única vale casi todo: manipular datos, interpretarlos interesadamente, atribuir apriorística y dogmáticamente a la escuela pública todos los valores de la escuela (equidad, inclusividad, calidad…) negándoselos a otro tipo de escuelas o colegios, a los que se les atribuyen casi todos los males.
He leído últimamente un artículo en el que, para desautorizar a los centros concertados, se afirma que la defensa de éstos se basa en razones ideológicas. Y lo que habría que decir es que, efectivamente, es así. Naturalmente. Entiendo por tales razones las que reconocen que estamos en una sociedad plural, con diversas concepciones de la realidad, distintas visiones antropológicas, e ideas no siempre coincidentes sobre el futuro de nuestra sociedad. Esa variedad es lo propio de unas sociedades que han alcanzado una madurez democrática. Por eso en ellas se reconoce la libertad de expresión, de asociación sindical, de creencias y prácticas religiosas, de participación política…, y de educación. Este reconocimiento no es sólo formal: al Estado le corresponde facilitar la puesta en práctica de esas libertades y derechos, eliminando o removiendo los obstáculos (también los de orden económico) que la impiden o dificultan (ver el art. 9.2 de nuestra Constitución). Es normal que en una sociedad haya una diversidad de proyectos educativos y que los padres puedan elegir entre ellos, sin imposiciones estatalistas ni condicionamientos económicos.
Para apuntalar la defensa de la escuela única (¿no es “ideológica” también?) se pretende, naturalmente, erradicar del panorama educativo español la enseñanza concertada. De ahí la obsesión por presentarla como el enemigo de la escuela pública, olvidando que los males que puedan existir en ésta no son atribuibles a la existencia de centros concertados. Y si se yerra en el diagnóstico, difícilmente se aplicarán las terapias adecuadas. Se añade, para reforzar el razonamiento, que la mayor parte de los centros concertados son de titularidad religiosa. ¿Y? ¿No está revelando esa postura una posición ideológica muy evidente y muy significativa?
Resulta curiosa, por otra parte, la idea que estos defensores de la escuela única tienen sobre la asignación de recursos públicos. Rechazan que estos puedan llegar también a los centros privados que deseen acogerse al régimen de conciertos para llevar a cabo una labor de interés general, mientras sus propias organizaciones (sindicales, políticas o de otro tipo) se mantienen precisamente con fondos públicos. Además, tratan de transmitir a la opinión pública la idea de que la asignación de recursos a la escuela concertada resta efectivos a la pública; pero, ¿qué pasaría si desapareciera la escuela concertada y todos sus alumnos pasaran a la pública? Evidentemente, los recursos de que dispondría ésta por cada alumno serían menores que los actuales.
Y es que las mentiras (o medias verdades, que viene a ser lo mismo) no se convierten en verdades por mucho que se repitan. Unos ejemplos: hace poco se decía, en otro gran titular, que la ratio de alumnos por aula de Primaria en la escuela pública ha aumentado cinco veces más que en la concertada en los años de la crisis. Pero no se recalcaba cuál era el punto de partida. En la escuela pública se ha pasado entre 2008 y 2015 de 20,8 alumnos por aula a 21,8; en los concertados, de 24,7 a 24,9 (es decir, un alumno más en un caso, 0,2 en el otro; ¿de verdad estos aumentos de ratio acarrean una pérdida de calidad…?). Es decir, sigue siendo más alta, bastante más alta, la ratio en los concertados. Ese dato les parece irrelevante a quienes se empeñan en presentar a la escuela pública como la damnificada. Algo parecido se puede decir de las variaciones en Secundaria: también había una diferencia de partida, que ahora se ha reducido. En cualquier caso, ¿es malo que la escuela pública reciba más alumnos? ¿O es malo que reciba menos? Uno no sabe ya qué pensar, porque todo parece negativo a ojos de determinadas organizaciones.
Se hablaba también, una vez más, de los alumnos inmigrantes en la escuela pública y en la concertada, resaltando el hecho de que en la pública está el 82% de los inmigrantes. Pero se olvidaban de decir que la escuela concertada sólo representa poco más del 20% del total del sistema educativo español. Es decir, que la proporción de inmigrantes en una y otra red son casi iguales. Los datos aportados por un reciente estudio de la Universidad de Comillas llegan a una conclusión parecida: en los colegios católicos (mayoritarios en el sector concertado) el 6,7 de sus alumnos son hijos de padres inmigrantes, mientras que en la pública esta proporción es parecida: 7,1%. Según el mismo estudio, si nos referimos a hijos de una pareja mixta (un cónyuge inmigrante y el otro español), la proporción es mayor en los centros católicos. Al margen de estos datos, se podrían hacer unas consideraciones: hay quien se empeña en presentar a los alumnos inmigrantes como un “mal” a repartir; no comparto esa valoración. Por otra parte, los criterios de admisión de alumnos son los mismos para todos y vienen dictados por la autoridad competente: no hay selección interesada, por mucho que se afirme reiteradamente lo contrario. Y algo más: los centros públicos cuentan (no así los concertados) con servicios subvencionados por la Administración, como comedor, transporte y otros, y este hecho puede inclinar la balanza en la elección que hacen algunas familias necesitadas.
En cambio, no veo que se destaque en ningún sitio que el 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales están atendidos en centros concertados, a pesar de que la presencia de estos en el ámbito educativo español es proporcionalmente mucho menor. Y la escuela concertada lo hace, desde siempre, con muchos menos recursos humanos y económicos que la escuela pública.
También afirman algunos que el presupuesto dedicado a conciertos ha aumentado un 6,5% entre 2008 y 2014. No sé de dónde se obtiene ese dato porque el módulo de conciertos ha sufrido un descenso del 8% en los años de la crisis, pero nuevamente se olvida el punto de partida: el gasto de la Administración pública por alumno de la escuela concertada, aunque varía de una comunidad autónoma a otra, es la mitad de lo que gasta en un alumno de la pública. Basta con ver los datos oficiales y los boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas. No se dice que los salarios de los profesores de la escuela concertada han sufrido los mismos recortes que los de los funcionarios y que a largo de los últimos años la partida de “otros gastos” asignada a los centros concertados para su funcionamiento ha disminuido en términos reales un 30%, de forma que los titulares de éstos llevan muchos años sufriendo una economía de subsistencia.
Otro supuesto estudio de hace un par de años llegaba a afirmar que si en la escuela concertada se diera una serie de condiciones, que no se dan en la realidad, el gasto por alumno en ambas redes sería igual y este era el resultado que se presentaba como conclusión. Era algo así como demostrar, como se decía humorísticamente en un artículo aparecido en un periódico regional, que si las motos tuvieran las mismas ruedas que un coche, tendrían cuatro ruedas; conclusión: las motos tienen cuatro ruedas. Seamos serios: no se pueden estar manipulando datos para demostrar lo indemostrable (insisto: basta ver los datos oficiales).
Volviendo al principio, es claro que lo que tratan de hacer algunos grupos es acumular justificaciones para desterrar a la escuela concertada, enmascarando la realidad. Esa parece ser la insistencia de quienes no creen en la libertad de enseñanza que consagran nuestra Constitución, los acuerdos internacionales, la Declaración de Derechos Humanos y la legislación de los países más avanzados de nuestro entorno. Quienes quieren una escuela pública única parecen creer poco en las libertades democráticas, en el papel de la sociedad civil. Podríamos preguntarnos si por los mismos motivos que aducen, no podrían pedir también una prensa única, un sindicato único y ¿por qué no? un partido único.
Todos queremos una escuela pública con los recursos humanos y materiales necesarios. Pero mientras unos defendemos que junto a ella pueda existir también otra red de centros que responda a la pluralidad de nuestra sociedad, otros pretenden excluir dicha alternativa. No se trata de posiciones simétricas: los primeros pretenden la existencia de una variedad que dé espacio a todos para que los padres puedan elegir en libertad, mientras los segundos, al tratar de que haya una única red escolar, adoptan una postura impositiva de exclusión casi dictatorial. Lo ideal, y posible, es que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales para todos y garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una educación de calidad a todos los alumnos, en el respeto a diversos proyectos educativos.
José María Alvira, Secretario General de Escuelas Católicas
